Facilitar, descongestionar y agilizar las cargas procesales de entidades estatales, empresas del sector público, privado y de abogados litigantes, respecto de la vigilancia y dependencia judicial, ofreciendo la posibilidad de acceder a servicios altamente personalizados e innovadores que minimizan la necesidad de ir a los juzgados y entidades públicas para gestionar y tramitar los procesos judiciales.